Estando de acuerdo, yo separaría ambos hechos porqué tienen implicaciones distintas.
Sobre el rescate:
El gobierno ha dado el visto bueno a la fusión de Caixabank con Bankia bajo el argumento de que ante la inminente crisis esto nos ahorrará a todos los Españoles otro rescate. Ello lleva implícito que Bankia no tiene una buena situación financiera y que los 22 millardos del rescate de la anterior crisis (500 € por español) son a todas luces irrecuperables. El propio gobierno ha reconocido descaradamente que este rescate será a fondo perdido (no como en USA) a pesar que siempre se nos había dicho lo contrario. Quizás la novedad es que lo ha hecho sin rubor ni siquiera acusando al gobierno anterior del PP que es quien lo hizo. Ni Caixabank se apropia de una parte del rescate, porqué no queda nada, ni tampoco se hará responsable de cualquier futura reclamación porqué ya no se le podrá exigir que responda del pasado.
La lectura es que la banca es capaz de conseguir un rescate cuando las cosas van mal y de conseguir que se lo perdonen sea del color que sea el gobierno de turno (rescate en 2012 por el PP, «condonación» por parte del PSOE en 2020). En una crisis de deuda es aconsejable salvar solo a los bancos sistémicamente importantes y se pueden dejar caer a los pequeños; si Caixabank ya era imprescindible con el nuevo tamaño lo es todavía más. Visto lo visto, si las cosas van mal dadas, alguien duda que nos tocará volver a rescatar a los bancos?
Todos estos hechos no han ido ni siquiera a juicio. Nadie ha juzgado ni va a juzgar los gobiernos o los gestores bancarios. Nos hacen creer que podemos cambiar de gobierno a través de las urnas pero sinceramente, alguno cree que los distintos partidos políticos se comportaran o podrán comportarse de forma diferente?
Al final de una crisis hay un debate entre rescatar o no a los bancos. Rescatarles tiene un peligro moral de que vuelvan a reincidir pero no rescatarlos puede tener efectos peores para la totalidad de la economía por lo que normalmente se salvan los bancos estructurales de la economía. La solución sin embargo reside en la prevención, aunque lamentablemente ni la FED ni el Banco Europeo tienen como misión evitar las burbujas económicas. Quizás es algo que se debería incorporar a su mandato.
Sobre la OPV de Bankia:
Las OPVs son un mecanismo habitual para que las «manos fuertes» (las que tienen mucha propiedad de las acciones) puedan vender su participación sin desplomar la acción habiendo provocado una revalorización previa. Después de la salida al mercado aparecen compradores de acciones, cómplices en la operación, que durante unos meses sostienen el precio para no levantar sospechas. Estas compras son la pequeña ineficiencia que deben pagar para pasar desapercibidos. Al cabo de un tiempo dejan caer el previo de la acción lentamente como si se tratara de una oscilación natural del mercado. La mayoría de estas operaciones arroja números rojos en menos de un año. Como advertencia, seria prudente desconfiar de alguien que quiera ofrecernos una ganga financiera anunciándola en TV; la realidad es que probablemente lo hacen en su propio beneficio más que en el del pequeño inversor.
Sin embargo no todas las OPVs son un fraude porqué a veces simplemente se trata de vender un paquete importante de acciones cuando todo el mercado se ha beneficiado de una economía favorable (sin incrementar su valor artificialmente) y con folletos informativos correctos. En otras, hay entramados opacos de operadores que hacen subir las acciones antes de la venta y las aguantan un tiempo, pero que no son fácilmente detectables y que se deberían perseguir.
En el caso de Bankia efectivamente se debería pedir responsabilidad al regulador (CNMV) porqué de haberse publicado las pérdidas reales la operación no habría salido adelante. Sino, para qué está la CNMV?
Afortunadamente, una parte del problema se resolvió cuando el Supremo sentenció en 2016 que la compra de acciones en la OPV era nula y Bankia devolvió el dinero a los inversores minoristas (61% = 1.900 M€). Sin embargo el resto de inversores y compradores de preferentes que se reconvirtieron en acciones siguen sin recuperar su dinero. Las entidades se defienden desmontando las demandas colectivas para que el pequeño inversor que no puede pagar los costes y esperar tanto tiempo se pierda en el laberinto judicial.
