SOBRE LA SITUACION ECONOMICA Y LOS CAMBIOS A PROMOVER
Es momento de empezar a reflexionar sobre las medidas de tipo económico que está tomando el Gobierno y lo que puede suceder cuando hayamos superado la pandemia. Para eso puede ser interesante comprender de qué modo funcionan las empresas porque de ellas dependen actualmente la mayoría de los puestos de trabajo. El esquema es bastante simple, las empresas tienen:
INGRESOS básicamente por venta de bienes o servicios (clientes).
y GASTOS: materias primas (proveedores), salarios (trabajadores), suministros (compañías), servicios (gestorías, transportes), intereses de préstamos (bancos) e impuestos (estado)
Hay beneficios si INGRESOS > GASTOS y perdidas si INGRESOS < GASTOS
En negrita podemos ver todas las personas que están involucradas en una empresa aparte de los propietarios y los trabajadores.Esto tan sencillo no parece que se tenga en cuenta por el gobierno: se ha mandado cerrar los negocios, que se han quedado sin ingresos, pero no se ha ordenado suspender los gastos: el restaurante que ha tenido que cerrar debe seguir pagando los alquileres, el agua, la electricidad, la seguridad social y los impuestos. Solo han resuelto la cuestión del empleo mediante los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y han dado algunas ayudas a los autónomos, aproximadamente a un cuarta parte de los que lo han solicitado. Al resto les han avalado un préstamo bancario que tendrán que devolver y que, de momento, les servirá para pagar estos gastos que no se han suspendido.Es razonable que se cierren los restaurante el tiempo necesario, pero no lo es que el propietario tenga que correr él solo con las pérdidas que esto comporta, y que estas pérdidas no sean compartidas por todos los entes involucrados en la empresa que hemos señalado más arriba. Así que lo más probable es que muchas pequeñas empresas no puedan resistir el embate y acaben cerrando, lo cual nos volverá a situar en la escena que justo creíamos estar abandonando: gran cantidad de gente al paro, nueva disminución de los salarios, sectores como el cultural o del turismo devastados y un nuevo incremento de la Deuda Pública que justificará tomar, más tarde, nuevas medidas para disminuir el déficit. Es como si la crisis que estábamos dejando atrás fuera solo un ensayo de lo que nos llega ahora.Pero hemos de procurar que sea cierto este vaticinio de que no podemos volver a lo de antes; sobre todo porque estas últimas experiencias han puesto al descubierto muchos fallos de un sistema que lleva tiempo haciendo aguas por todas partes y han demostrado la importancia que adquiere la conciencia colectiva para hacer frente a las necesidades reales de la población. Una de las cosas que pasará a mejor vida es esta idea liberal de que el colectivo sale reforzado si cada uno se preocupa por sí mismo. Y otra que la gestión privada es mejor que la pública: después de lo que ha pasado en las residencias de ancianos será difícil defenderlo, y también después de la evidencia de hasta qué punto estábamos desprotegidos como consecuencia de los recortes.Los organismos que en teoría vigilan para que el déficit público no se dispare han tenido que tirar la toalla y reconocer que el Estado tiene que asumir ahora un papel relevante y un protagonismo indiscutible. Pero si repasamos todas las peticiones que se están realizando a las administraciones desde diversos sectores veremos que expresan algo más que un grito de auxilio en momentos excepcionales, veremos que la sociedad ha desarrollado una serie de necesidades colectivas que requieren una atención decidida por parte de la administración: cultura, guarderías, residencias, cuidadores, discapacitados, refugiados, etc. Todos estos sectores reclaman una atención que la propia sociedad ha decidido concederles, y por lo tanto requieren un incremento del gasto público.La crisis actual enseña que es el confinamiento de la población lo que paraliza la economía. Si hay que proteger y cuidar a la población para que la economía se vuelva a poner en marcha, cuanto más protegida y cuidada esté la población mejor irá la economía. Así que las personas han de dejar de ser un factor más de la producción, como hasta ahora, para convertirse en el principio y fin de la actividad económica. Y para eso hay que dar un paso firme e ir más allá de este Estado al que se pide protección en situaciones complicadas: tenemos que promover un Estado que garantice la calidad de vida de la población en general.
La renta básica universal que se está estudiando puede ser un punto de partida de esta nueva visión. Se trata de una cantidad que recibe todo ciudadano por el hecho de serlo, con independencia de su situación laboral o patrimonial. Si se hace en serio, esta es una medida que permite subsistir sin trabajar, así que nadie se verá obligado a aceptar condiciones laborales injustificadas para sobrevivir y por tanto estas prácticas indignas desaparecerán del mercado. Al contrario de lo que sucede en la actualidad los trabajos más desagradables serán los mejor pagados, el paro desaparecerá, la suspensión temporal de ciertas actividades no comportará ninguna catástrofe y los emprendedores podrán arriesgar su patrimonio sin temor a poner en peligro la subsistencia de su familia.Por otro lado no se ha de permitir la acumulación improductiva de bienes que permanecen inactivos siendo necesarios, en especial de las viviendas. Todas las viviendas en manos de sociedades han de ser puestas obligatoriamente en el mercado de alquiler de forma continuada, lo cual hará disminuir el precio los arriendos. El turismo que se aloje en los hoteles que para eso se inventaron. No defendemos expropiar las viviendas que están en manos de los bancos o de los fondos de inversión, no defendemos expropiar nada, pero la vivienda es un derecho básico que no puede ser gestionado solo con criterios de beneficio. Esta imagen de la policía desahuciando personas por orden de un juez que protege el derecho de propiedad se tiene que acabar; y esto se consigue colocando a las personas por encima de la propiedad. Nuestra Constitución garantiza el derecho al trabajo y a la vivienda, así que ya va siendo hora de que las leyes sobre la propiedad se subordinen a estos derechos básicos. Y de la misma forma el Estado debe controlar, regular y garantizar los servicios esenciales de agua y energía.Asegurar todo esto facultará a los legisladores para adoptar medidas drásticas e inmediatas en caso de situaciones de abuso, tanto por parte de los propietarios como de los usuarios de las viviendas. También nos conviene reflexionar sobre qué garantizan nuestras leyes, porque a veces parece que, en nombre de la libertad, se favorece solo el abuso y la prepotencia. Ya va siendo hora de acabar con el vandalismo de los grafiteros, con el comercio de sustancias estupefacientes y con la prostitución.Está claro que hay que evitar duplicidades en la administración. Si las competencias de Sanidad están traspasadas a las autonomías, mantener un Ministerio de Sanidad solo sirve para entorpecer la gestión de los profesionales que están sobre el terreno. Pero lo que sobran son cargos, no sobra personal al servicio de la administración; al contrario: faltan miles de médicos y enfermeras, con contratos decentes; faltan maestros, profesores, policías, jueces, agentes rurales, protección civil, investigadores, planificadores y demás profesionales al servicio del sector público. Y toda esta gente ha de estar bien pagada, no hay ningún motivo para que se les remunere peor que en el sector privado. Ni tampoco para que no se les exija la misma eficacia y profesionalidad.Y finalmente hay que exigirle al Estado que promueva y ejecute, si hace falta, los cambios estructurales necesarios para resolver con urgencia la crisis climática. Aquí procede realizar una reforma en profundidad del transporte público y privado, de los patrones de construcción de edificios, de la conservación de la naturaleza y del cálculo de costes ambientales que se han de repercutir en los intercambios comerciales. Amén de una gran inversión en infraestructuras.
Lógicamente todo esto hay que sufragarlo. Y aquí la novedad consistirá en hacerlo incrementando los impuestos y asegurando su recaudación. Hay que proceder a un gran incremento de los impuestos, no sobre la población en general que ya los paga sino sobre el capital y los grandes patrimonios. Los impuestos han de sufragar los bienes del colectivo, porque ningún ciudadano normal y corriente se puede comprar un hospital, una escuela, una vía férrea o una atmósfera respirable; esto solo lo puede comprar el Estado y necesita recaudar impuestos para poderlo hacer. Y para impedir la evasión fiscal existe una solución muy fácil: eliminar el dinero en efectivo y prohibir las monedas digitales. Quizás podrá mantenerse un comercio clandestino en las redes profundas pero será marginal: la inmensa mayoría de transacciones mercantiles se harán mediante cargos y abonos en cuentas corrientes y serán totalmente transparentes.La empresa privada podrá participar en la ejecución de todo esto, al igual que lo hace ahora en las obras públicas. Sin maletines, porque los cobros y los pagos quedarán registrados y no habrá corruptores ni corruptos, por este orden. Y quedará en manos privadas todo el sector del consumo, de los servicios, de la cultura, de la informática, etc. Se puede mantener la bolsa para canalizar los flujos de capital y los mercado de futuros pero se deberá prohibir la especulación, que supone actualmente un 95 por ciento del movimiento bursátil.Como curiosidad, la automatización de las compraventas bursátiles hace que la mayoría de las acciones cotizadas no permanezcan en manos de un tenedor más allá de 4 o 5 segundos. Hasta el punto de que los edificios cercanos a las bolsas están muy buscados porque desde ellos las órdenes, que viajan a la velocidad de la luz, llegan antes que los de otros operadores. Daos cuenta de la cantidad de dinero que se recaudaría actualmente si se hubiera aplicado la famosa tasa Tobin, un impuesto sobre las transacciones financieras.
Todas estas medidas son imposibles si no se toman en un marco internacional. La Unión Europea y los tratados de comercio internacionales son algo inútil si las decisiones las siguen tomando los estados tradicionales porque si uno sube los impuestos las empresas se trasladan a otro. Es indispensable una cesión de soberanía a Europa y un parlamento europeo que legisle para todo los países de la Unión, lo cual es compatible con una organización federal de pequeños estados y regiones. Y también se deberá abordar colectivamente el problema del déficit público en tanto que supone una carga distinta para los diferentes países, por eso no se puede convertir en perpetuo. Aquí habrá que hacer lo mismo que se hizo con los préstamos a los países subdesarrollados: amortizarlo de una forma controlada que no provoque desequilibrios en los balances financieros.
La cuestión es si hay algún sujeto político capaz de presentar un programa que defienda estas propuestas. En todo caso deberá haber alguno, espontáneo u organizado, que rechace que se apliquen las de siempre y que coloque a todas las instancias gubernamentales, nacionales o internacionales, ante sus responsabilidades. Y habrá que elevar estas responsabilidades a un nivel global, planetario, es decir: humano.
