En estas últimas colaboraciones hemos estado contemplando la cuestión de los ingresos y hemos visto hasta qué punto pagamos pocos impuestos en este país.
Pero los ingresos se precisan para atender a las ciudadanos, así que empieza a ser hora de que hablemos de algunas cuestiones que no están siendo atendidas:
Cada año, en Lleida, se recoge la fruta de esta época y la recogen los temporeros que vienen, legalmente contratados, del norte de África. Este año se dijo que, ante el cierre de muchos pequeños comercios y los ERTES de muchas empresas por el coronavirus, habría mucha gente del país que se apuntaría a realizar estas labores. Pero a la hora de la verdad, han tenido que venir los de costumbre porque hay tareas que los autóctonos no quieren hacer, aunque estén en paro.
Bien, pues han venido los de siempre y se han encontrado, como cada año, sin alojamiento ni instalaciones para ducharse. Esto hace años que sucede, y los ayuntamientos lo saben perfectamente. No hablamos de los que llegan sin contrato, hablamos de los que lo han firmado en su país antes de venir. No importa qué partidos gobiernan estos ayuntamientos, seguramente son independentistas, el caso es que estas personas se ven tratadas como animales porque, además, la gente de bien no soporta verlos tirados por la calle.
Aquí hay que añadir que algunos ayuntamientos del resto del país pagan billetes de autobús a los inmigrantes indocumentados que tiene rondando por ahí para sacárselos de encima, diciéndoles que ven a encontrar trabajo en Lleida. Gran parte de los que se dedican al comercio ilegal, los famosos manteros, proceden de estos viajes promocionados. Y el gobierno lo consiente y apoya negándoles los permisos para trabajar. Lo extraño es que no haya más delincuencia.
En fin, estos días en los que estamos tan preocupados por el racismo vale la pena que comentemos estos hechos. Porque además, resolverlos, vale cuatro duros. El único problema es que hay que mantener la idea hipócrita de que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo y las autoridades no lo consienten.
Por otro lado estamos asistiendo al cierre de la empresa Nissan que va a dejar sin trabajo, entre directos e indirectos, a unas 25.000 personas. Son 25.000 personas que saben construir automóviles, furgonetas, camiones o lo que convenga, pero se van a ir a su casa porque una gran empresa ha decidido que no sale a cuenta mantener esta fábrica en Barcelona.
Y ahí ya no es cuestión de gasto sino de inversión. En coherencia con mi artículo de hace unos días sostengo que el Estado debería hacerse cargo de esta empresa y mantener estos puestos de trabajo. Pero ya han salido voces que dicen que esta política haría que las demás grandes empresas que siguen trabajando abandonaran el país. Así que ya están metiendo miedo por el solo hecho de que alguien se atreva a plantearlo. Eso prueba que sin un cambio de sistema no hay salida. Y no creo que la economía colaborativa pueda jugar ningún papel en esta situación. A mi entender es imprescindible la acción del Estado.
