Hace tiempo que no escribo sobre el “problema catalán” porque no había nada nuevo que decir. Pero la semana pasada sucedió algo muy importante: dos millones trescientas mil personas decidieron desobedecer la prohibición de votar. Y no eran radicales, era gente normal, familias enteras, desde los abuelos a los nietos, fueron a votar con una sensación de libertad inaudita.
Los votos a favor de la independencia no serían suficientes en un referéndum legal al que acudiera el censo electoral al completo, pero el gobierno y el PP ya se encargan de ir incrementando el número de independentistas, es cuestión de tiempo. No es de eso que quiero hablar aquí, sino del fenómeno que representa el hecho de que un número tan grande de personas hayan decidido desobedecer la ley.
Porque en el momento en que la gente hace caso omiso de la ley, la ley deja de ser ley para aparecer como lo que realmente es: una arbitrariedad. En la constitución española no hay nada que imposibilite que los catalanes, o los canarios, hagan un referéndum; simplemente exige que el gobierno lo autorice. Y para hacer una consulta, ni tan solo es necesaria esta autorización; pero por desgracia hay un partido con mayoría absoluta en el parlamento que ha confundido su voluntad con la ley; y esta es la respuesta de un sector consciente de la población catalana.
Personalmente yo preferiría que la secesión no se llegara a producir, pero me siento orgulloso de pertenecer a un pueblo con un porcentaje tan alto de personas dispuestas a plantar cara al atropello. Y además, el hecho de prescindir de la ley ha permitido mejorarla porque se ha llamado a votar a los mayores de 16 años y a los inmigrantes. Ha sido una gozada ver votar a los subsaharianos y a las mujeres marroquíes vestidas con el hiyab; seguramente que esto les ha borrado el recuerdo de haber sido tachados de ilegales.
Lo que ha ocurrido en Cataluña, a cuenta del problema catalán, es una muestra de algo que sucederá cada vez más en otros ámbitos y en relación a otras cuestiones: la gente se va rebelar, de una forma masiva, contra la injusticia y la arbitrariedad presentados en forma de ley que han decidido unos gobernantes al servicio de intereses que nada tienen que ver con los de la población. Siguiendo la política que impone la Unión Europea, estamos desmontando hospitales y escuelas para pagar los intereses de la deuda pública, mientras que el presidente de la Comisión Europea ha negociado con 370 multinacionales para que prácticamente no paguen impuestos.
Y resulta que lo ha hecho de manera legal. Bueno pues si la legalidad va por aquí, el pueblo consciente deberá decidir su propio camino.
