La semana pasada, en Agoravic, di una charla abundando en la propuesta de que los conflictos sociales revelan la existencia de un desequilibrio, y que este desequilibrio ha de ser atendido superando la dialéctica de buenos y malos. Resalté que en los conflictos siempre pensamos que estamos del lado de los buenos cuando, en realidad, el que denuncia el problema es siempre el malo de la película porque altera nuestro bienestar. También dije que eso no era problema porque, desde el lado contrario, los que somos vistos como enemigos somos nosotros. Total que para alcanzar un nuevo equilibrio es indispensable atender las razones de unos y otros. Lo único que no procede es desentenderse del problema.
En fin, aquí van los argumentos de la parte catalana vistos desde mi perspectiva personal:
Vivimos en un Estado de Derecho que se apoya en determinadas leyes. Estas leyes defienden la libertad de expresión y el derecho a promover toda clase de propuestas políticas, entre ellas la opción de que parte del territorio se independice del resto. El problema es que, por otro lado, prohíbe expresamente que esto se lleve a cabo.
Seguramente, en su día, el legislador pensó que no había problema en dejar que se defendieran toda clase de opciones porque, en la práctica, la mayoría de ellas no tendrían el apoyo popular suficiente para materiaizarse. Y ahora nos encontramos que la opción de la independencia sí lo tiene.
Siempre criticamos a los políticos porque defienden una cosa y luego hacen otra. En este caso, los partidos independentistas catalanes han intentado llevar a término lo que habían prometido: celebrar un referéndum de autodeterminación; y lo han hecho después de intentar inútilmente llegar a un acuerdo con el Gobierno del Estado para celebrarlo en condiciones normales, incluso aceptando que fuera una consulta sin trascendencia jurídica. Al no obtener este acuerdo, no han tenido más remedio que desobedecer las leyes para cumplir su compromiso con los electores. Y esta desobediencia ha sido refrendada por toda la gente que fue a votar el día 1 de octubre en las condiciones que todos conocéis.
Cuando una ley se conculca por parte de dos millones de personas, al mismo tiempo y en el mismo día, es obvio que no cumple el objetivo para el que ha sido promulgada; y en consecuencia, ha de ser revisada o sustituida. La ley se ha hecho para estructurar, favorecer y vehicular las relaciones entre los ciudadanos no para hacerlas inviables.Pero en vez de proceder a esta revisión o sustitución se ha reforzado con otra ley adicional, el famoso artículo 155. Este artículo le ha permitido al Estado destituir un Govern democráticamente elegido, disolver el parlamento catalán, meter a a los miembros de dicho gobierno en la cárcel u obligarles a huir al extranjero para no ser detenidos. La verdad es que no acabo de entender por qué no se marcharon todos.
Y a continuación repetimos: se vuelven a convocar elecciones y se insiste en que todas las propuestas políticas se pueden presentar; así que se presentan los independentistas y vuelven a ganar. Supongo que también pensaron que esta vez perderían porque no se acaban de creer lo que está pasando. El hecho es que movilizan a toda la población consiguen un nivel de participación extraordinario, superior al 80 por ciento, y vuelven a ganar los mismos
Solución: hacer una interpretación de la ley todavía más restrictiva y encarcelar o inhabilitar para el ejercicio de la política a los vencedores. No hace mucho los catalanes nos sentíamos orgullosos de haber protagonizado manifestaciones masivas sin el más mínimo rastro de violencia; se decía: salen dos millones de personas a la calle y ¡no queda ni un papel en el suelo! Bueno pues resulta que todo era una campaña orquestada para protagonizar una rebelión, delito castigado con 30 años de cárcel.
Las denuncias las pone un partido de extrema derecha: Vox, que en Cataluña sacaron 280 votos, pero la fiscalía, que depende del Gobierno del Estado, se apresura a apoyarlas; el juez detiene a los políticos, pone a los más importantes en prisión provisional y deja en libertad bajo fianza a los demás con la amenaza de volver a encarcelarlos si hay reiteración de los hechos por los que han sido acusados.
A los que permanecen en la cárcel no se les concede la libertad porque existe el peligro de que reincidan y de que su liberación movilice a los independentistas. Lógicamente, porque en estas últimas elecciones les han votado más de dos millones de personas y les han votado porque han presentado un programa que defiende la independencia. Así que existe el peligro de que vuelvan a desobedecer. Pero llamar a esto rebelión no tiene justificación alguna en un país que sabe muy bien lo que es una rebelión porque sufrimos una en 1936.
En Cataluña se da el caso de un ex consejero, nada menos que de gobernación, que fue detenido y encarcelado por hacer contrabando de tabaco; era de una población cercana a la frontera de Andorra en la que tradicionalmente viven de esto. Lo cito porque este es un caso claro de político preso;en cambio los actuales son presos políticos que se están utilizando como rehenes. En estos momentos hay entre 30 o 40 más acusados de haber colaborado en la presunta rebelión, todos los políticos independentistas de primer y segundo nivel.
Se ha vuelto a constituir el parlamento fruto de estas elecciones pero se ha prohibido elegir a todos estos inculpados para la presidencia o el Govern con el argumento de que van a ser condenados o inhabilitados. Los poderes del Estado insisten en que se presente gente “normal” y amenazan al Presidente y a la Mesa del Parlament con denunciarlos y añadirlos a los inculpados si se atreven a proponer a los líderes que han sido reelegidos por la mayoría de la población. Al presidente del Parlament incluso le recordaron que tiene dos hijos pequeños. O sea que, en la práctica, tenemos un parlamento de la Srta. Pepis y lo que nos preocupa es que alguien caiga en la tentación de prestarse al juego de dar la apariencia de normalidad.
También dije en Vic que ante las situaciones que estamos viviendo de derrumbe del sistema social y político es preciso que seamos más radicales y vayamos al fondo de las cuestiones. Anteayer por ejemplo, a raíz del episodio de nevadas intensas, se prohibió en Cataluña el desplazamiento de camiones de mas de 7 toneladas y no hubo el más mínimo problema en las carreteras. Sin embargo, la patronal del transporte protestó ruidosamente porque se habían perdido 65 millones de euros. Bueno, ¿y qué?
