Publicado en El País:
La comunidad católica de Cataluña ha generado decenas de manifiestos en los últimos días condenando las acciones judiciales contra los miembros de la Generalitat investigados por la organización del 1-O y a favor de que se pueda celebrar un referéndum. Algunos específicamente partidarios de la votación y otros de la autodeterminación, se han posicionado en este sentido desde las más altas instancias de las diócesis, pasando por párrocos y entidades cristianas educativas. La Conferencia Episcopal Tarraconense, que reúne a los obispos catalanes, hizo pública el miércoles una nota pidiendo que, “en este momento de la historia de Cataluña”, “se respeten los derechos y las instituciones”.
Los obispos catalanes difundieron en mayo otro comunicado en el que señalaban que “conviene que sean escuchadas las legítimas aspiraciones del pueblo catalán, para que sea estimada y valorada su singularidad nacional”. La comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) celebrará la semana que viene una reunión en la que “podría definirse una postura como institución”, si así se consensua y se considera pertinente, según fuentes de la CEE. La comisión está formada por 24 miembros, entre ellos el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el arzobispo de Urgell, Joan Enric Vives, y el obispo de Tortosa, Enrique Benavent.
Ayer se hizo público un manifiesto firmado por 300 sacerdotes y diáconos (en las diez diócesis catalanas hay 2.190 sacerdotes y religiosos, según una estadística de la Conferencia Episcopal de enero de 2016) que llama a los católicos catalanes a votar el 1-O: “Ante la imposibilidad de pactar las condiciones para llevarlo a término de forma acordada, consideramos legítima y necesaria la realización de este referéndum”. Unas 30 instituciones cristianas catalanas también se han solidarizado esta semana con las protestas contra la detención de 14 cargos de la Generalitat y los registros en varias dependencias del Gobierno catalán.
El miércoles, el mismo día de la operación ordenada por el juez Ramírez Sunyer, 14 entidades católicas difundieron una carta en la que mostraban su “apoyo a las instituciones catalanas, y el rechazo a las últimas actuaciones del Estado español contra la democracia y el Estado de derecho”. Entre los firmantes se contaban la Escuela Pía de Cataluña —sección catalana de los escolapios—, la Congregación Vedruna y la Fundación Claret. Los claretianos también han defendido que, “de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia, Cataluña tiene el derecho a decidir libremente su futuro”.
Los escolapios catalanes han condenado por su parte lo que consideran una acción “contra las instituciones catalanas” y contra “miembros de nuestro pueblo”. Además, han defendido la necesidad de que la ciudadanía se manifieste en contra de las acciones judiciales.
Los maristas y La Salle Cataluña coincidieron el jueves en pedir respeto para todas las opiniones políticas y que “la ciudadanía sea escuchada”. La Fundación Jesuitas Educación —vinculada a los centros educativos de la Compañía de Jesús— expresó “su desencanto ante la situación política que se vive en Cataluña con repetidos episodios que ponen en juego la libertad de expresión de todos los catalanes”. Los últimos en sumarse a la protesta fueron este viernes cinco monasterios femeninos benedictinos y cistercenses, que reclamaron la autodeterminación y condenaron «la vulneración de los derechos del gobierno y del pueblo catalán».
