En estos momentos, estamos asistiendo a una crisis de los valores que han venido rigiendo las relaciones interpersonales y orientando la integración de los individuos en el colectivo. Una de las manifestaciones más notorias de esta crisis es que mucha gente no se considera concernida por las pautas de convivencia que han regido la sociedad en las últimas décadas y reivindica una mayor libertad. Posiblemente, esto sea consecuencia de la falta de confianza en una sociedad que, al no ofrecer un horizonte vital capaz de atraer a las nuevas generaciones, ha perdido la capacidad de exigir la subordinación a un modelo que se revela obsoleto.
El caso es que esta desconfianza no se manifiesta de forma explícita como una contestación al modelo, sino a las autoridades que lo representan en la estructura social jerarquizada, que continúa funcionando por inercia. Y esta contestación encuentra un terreno abonado en el cambio de patrones que rigen la relación entre padres e hijos. Esta relación ha evolucionado desde una rigidez y severidad excesiva, hasta una permisividad falta de los límites necesarios para diseñar y establecer un orden. Esta permisividad, que ha contribuido a desdibujar la autoridad parental en el propio seno de la familia, se extiende ahora a otros ámbitos de la sociedad, en particular, al ámbito educativo.
El que enseña algo, en cualquiera de las múltiples vertientes de la existencia, ostenta de facto un ascendiente natural sobre el que desea aprender. Y el aprendiz se supone consciente de que no puede decidir sobre aquello que desconoce: pretende adquirir en el futuro la capacidad y autonomía para hacerlo, pero mientras tanto, el preceptor ha de decidir por él. Así que, de forma natural, se instituye una jerarquía en la que el maestro ejerce una autoridad que los alumnos le otorgan. Sin embargo, esta jerarquía, aparentemente natural, se ve cuestionada en el momento que pretende delimitar la conducta del alumno o registrar su evolución; actos que, a menudo, se identifican con prepotencia y arbitrariedad.
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Obviar que existe una diferencia entre el que enseña y el que aprende es algo que solo puede producir desorientación a todos los niveles. Obviar esta diferencia y pretender sustituirla por el amiguismo o la camaradería, significa dimitir de la función de enseñar o educar.
Autoridad no es sinónimo de prepotencia. El educador ha de tener muy claro que solo está contribuyendo a desarrollar unas capacidades que la persona ya reviste en esencia; no está construyendo un ser humano, está proporcionándole los datos indispensables y las herramientas necesarias para que él lo haga por sí mismo, desarrollando su potencial; pero, inicialmente, bajo supervisión y control.
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En el caso de los padres, se presupone una experiencia en la vida, así como la vocación de transmitirla como un aspecto más de su amor por la progenie. Pero hay aspectos de esta formación que se delegan a terceras personas o a instituciones que se han especializado en realizar esta labor como profesión. Es evidente que los que se dedican profesionalmente a esta función, han de contar con un conocimiento y una experiencia en el ámbito de la pedagogía, pero sobre todo con la vocación de aplicar ambas cosas en beneficio de las personas que tutelan.
En principio, esta vocación se ha de suponer y ha de complementar la que tienen los progenitores. En la educación del niño concurren diferentes entes, personales y colectivos, y es indispensable que estos entes se pongan de acuerdo y colaboren entre sí, para que su acción resulte lo más eficaz posible.
Jordi Sapés de Lema y Maria Pilar de Moreta. “Espiritualidad, infancia y educación. Cap. III Valores, autoridad y libertad”. Editorial Boira. 2022.